Hemos seguido con enorme atención los pronunciamientos de los últimos días del líder socialista Felipe Gonzales. Proponía como una de las formulas para salvar las Cajas de Pensiones, podría ser una política migratoria sería, sin necesidad de tener que aumentar la edad pensionable. Las noticias aparecidas en la Prensa ratifican que las palabras de Felipe han sido oídas por el Gobierno.
Noticia aparecida en el diario 20 minutos
Los inmigrantes en paro podrán renovar los papeles si sus parejas trabajan
El director general de Inmigración del Ministerio de Trabajo e Inmigración del Gobierno, Markus González, ha avanzado que el Gobierno plantea renovar el permiso de residencia a inmigrantes en paro si sus parejas trabajan y cumplen, en su lugar, los requisitos económicos para permanecer en España.
González ha avanzado que el futuro Reglamento de Inmigración "flexibilizará" la renovación de permisos para evitar la irregularidad sobrevenida por la crisis", después de que muchos inmigrantes hayan perdido su puesto de trabajo en sectores como la construcción. Por ello, el Gobierno plantea que los extranjeros en paro continúen en el país si sus pareja (marido, esposa o incluso su pareja de hecho) trabajan y cumplen con las premisas económicas establecidas.
Entre las medidas que el Gobierno estudia para "facilitar las renovaciones automáticas", también se cuentan la reforma del arraigo social para que los extranjeros en situación irregular puedan obtener un primer permiso de residencia tras probar que han pasado dos (y no tres años, como ahora) en España.
El Gobierno estudia también facilitar las renovaciones automáticas
Para obtener el arraigo social los inmigrantes deben demostrar ahora que llevan al menos tres años residiendo en el país, que no tienen antecedentes penales y que cuentan con un contrato de trabajo firmado por el trabajador y el empresario cuya duración no sea inferior a un año en el momento de la solicitud. Además, tienen que probar vínculos familiares con otros extranjeros residentes o presentar un informe que respalde su inserción social emitido por el ayuntamiento en el que tenga su domicilio habitual.
La Ley de Acogida, que el Parlament aprobó en abril, ofrecerá un certificado de integración a los inmigrantes que sigan la formación del servicio de primera acogida, que incluye 135 horas de cursos básicos de catalán.