Publicado en "Diario Información"

El concejal de Tráfico declara durante cuatro horas como imputado por las supuestas irregularidades en los aparcamientos  
 
El concejal de Tráfico del Ayuntamiento de Alicante, Luis Concepción, del PP, prestó declaración como imputado durante cuatro horas en un Juzgado de la capital por su presunta implicación en torno a las modificaciones del contrato de tres aparcamientos subterráneos a favor de la empresa Ortiz e Hijos.
 
Concepción declaró ante el magistrado de instrucción número 8 de Alicante entre las 09.15 y 13.15 horas asistido por su abogado, Luis Delgado de Molina, y tras el interrogatorio se limitó a señalar que había dicho "lo normal" y que no iba a realizar "comentarios de ningún tipo".

Su declaración coincide con una jornada en la que la Audiencia Provincial ha aprobado rebajar a 1.200 euros las fianzas que deben hacer efectivas para ser acción popular el primer denunciante, José Luis Valdés, y EU, que recurrieron las cifras fijadas en un principio de 18.000 y 36.000 euros, respectivamente.

El fiscal Anticorrupción, Felipe Briones, imputa a Concepción, al alcalde, Luis Díaz Alperi (PP), y a la concejal de Urbanismo, Sonia Castedo, los delitos de prevaricación, malversación, falsedad documental, tráfico de influencias y apropiación indebida en el proceso de adjudicación de los estacionamientos a Ortiz.

La investigación cifra las pérdidas por el Ayuntamiento en, al menos, 2,26 millones de euros, y apunta a que pudo haber un "concierto" entre el alcalde, los concejales y el empresario para "conferir al adjudicatario mejoras respecto al contrato inicial".

Ello se pudo producir después de que técnicos de Urbanismo rechazaran los cambios propuestos por Ortiz y de que, posteriormente, el alcalde firmara un decreto por el que ordenaba sustituirles en la dirección del contrato a favor del jefe del departamento técnico de Tráfico, el imputado Antonio Escobedo, que en cambio sí avaló los modificados.

La declaración de Concepción ante el magistrado se produce dos días antes de que también tenga que declarar como imputada la concejal de Urbanismo, mientras que el viernes hará lo propio el alcalde Díaz Alperi, que cerrará la primera ronda de interrogatorios.

Antes que los tres políticos, en días previos declararon como testigos ante el magistrado cuatro técnicos municipales que rechazaron los modificados, y como imputados el citado técnico del área de Tráfico que avaló los cambios, Antonio Escobedo, y el empresario.

Fuentes jurídicas evitaron entrar en profundidad en la declaración de Concepción y sólo comentaron que podía enmarcarse dentro de lo previsible.

A la declaración de hoy asistieron los abogados de los imputados y el fiscal Anticorrupción de Alicante, y a partir del próximo miércoles también estarán presentes los letrados del primer denunciante, José Luis Valdés, y de EU.

Tras conocer la rebaja de la fianza, el particular José Luis Valdés explicó a Efe que ya ha hecho efectiva esa cantidad y que a partir de las próximas horas tendrá acceso a la documentación del caso antes de estar presente como acción popular en las declaraciones de Díaz Alperi y Castedo.

Valdés consideró que la rebaja hasta los 1.200 euros es "razonable" aunque lamentó que los concejales "se defiendan con dinero del Ayuntamiento" mientras que él debe destinar su "paga de Navidad" al Juzgado para poder personarse.

En el caso de EU, la rebaja ha sido decidida por la Sección Primera de la Audiencia y el candidato de la coalición a la Alcaldía, José Antonio Fernández Cabello, lamentó que esta decisión se haya tomado después de que hayan declarado ante el magistrado "elementos clave" en la investigación, como son los técnicos.
  

Hace unos seis meses el Sr. Alcalde de Alicante, en una entrevista emitida por canal 35 TV Alicante, se comprometió ha iniciar los trabajos de la Ciudad de la Justicia en el mes de Septiembre 06, al parecer ¡Por fin! Se había puesto de acuerdo en la controversia que mantenía con su compañero de Partido, el Conseller de Justicia e Interior de la Generalitat Valenciana. Al oír semejantes declaraciones, algunos ciudadan@s escépticos como yo, nos preguntamos: ¿y de la Concepción a los Aparcamientos, ¡Que!? Personalmente me pregunto: ¿Cómo es posible que, el máximo representante de nuestro municipio, conocedor de nuestros problemas, pueda jugar con algo tan serio, como proporcionarle a la Justicia los medios adecuados para que puedan desarrollar lo mejor posible su trabajo? ¿Se puede condenar a los delincuentes y reducir por tanto la delincuencia en nuestras calles sin tener los medios necesarios? No se cuando el Sr. Alcalde y el Conseller de Justicia se terminaran poniendo de acuerdo, sobre una obra tan importante y necesaria, tampoco se cuanto nos va a costar a los contribuyentes liberar la concepción de los Aparcamientos que tan irresponsablemente cedió el Sr. Alcalde, solo se que lo que puedan hacer será ya demasiado poco y demasiado tarde Sr.. Alcalde.

Fdo.:MENDILUCES m.
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TRIBUNALES  
 
El aumento de los delitos obliga a señalar juicios a un año y medio vista  
Los magistrados reclaman la creación del octavo juzgado de lo Penal de Alicante para hacer frente a la avalancha de casos y advierten de que cada vez el retraso será mayor  
E l aumento de la delincuencia está obligando a los magistrados a señalar los juicios a un año y medio vista. La situación se está agravando mes a mes. Los magistrados de Benalúa celebraron ayer una junta de jueces para reclamar la creación del octavo juzgado de lo Penal de Alicante [..]  
 Fuentes:diario Informacion
  

MARIANO CABALLERO DECANO DEL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE Alicante
«La demora de la Ciudad de la Justicia no tiene justificación»
MANRIQUE C. SÁNCHEZ Diaio La verdad 07/04/08

Profesional: licenciado en 1967, es decano del Colegio desde 1997. Actualmente, es también uno de los vicepresidentes del Consejo General de la Abogacía, donde se encarga de la Comisión de Deontología.Sereno, de hablar pausado, Mariano Caballero sólo infunde un tono apasionado a su discurso cuando se refiere a la independencia de la profesión a la que ha dedicado toda su vida: la abogacía. Afronta ahora otros cuatro años de mandato al frente del Ilustre Colegio de Abogados de Alicante (Icali) tras haber sido reelegido para el cargo en noviembre pasado con dos objetivos fundamentales: construir una nueva sede y lograr que el tiempo de sus compañeros «sea respetado» en la Administración de Justicia.

- Lleva más de cuarenta años de ejercicio en la profesión y más de diez como decano. ¿Es la Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafort que le imponen este martes un broche de oro a su carrera?

- Es lo máximo a lo que puede aspirar un profesional del Derecho que ha dedicado toda su vida exclusivamente al ejercicio de la abogacía tanto a nivel particular como institucional.

- Fue reelegido en noviembre pasado por una amplia mayoría. ¿Qué retos y prioridades se ha fijado para este mandato?

- Doblé en votos a mi opositor, lo que supuso una gran alegría porque en diez años se pueden haber cometido muchos errores y siempre suponen un desgaste. Los dos objetivos fundamentales son culminar la aspiración de una nueva sede para el colegio y poner en marcha las mesas de seguimiento de la Justicia para conseguir el respeto al tiempo de los abogados, porque no puede ser que haya que esperar desde las diez de la mañana para celebrar un juicio rápido a las seis de la tarde.

- Esa sede debe ir en la futura Ciudad de la Justicia, que no acaba de arrancar después de tantos años.

- Es una pena porque el Colegio tiene desde hace tiempo los recursos financieros necesarios para construir su nueva sede. La Generalitat y el Ayuntamiento no han sido capaces de ponerse de acuerdo y se pasan la pelota de uno a otro.Ya en el 2002 nos mostramos dispuestos a pagar los gastos de urbanización. Me parece incomprensible la demora. No tiene justificación. Por lo visto, para algunas cosas no faltan recursos, los hay de sobra, y para otras no. Confío en que ahora vaya de verdad hacia delante.

- Ha habido algunas quejas por la falta de abogados de oficio. ¿Se han subsanado las deficiencias?

- Fue algo puntual y el porcentaje de incidencias es ridículo con respecto al volumen de trabajo.

- La Agrupación de Mujeres Abogadas de Alicante ha presentado un informe ante la Subdelegación del Gobierno donde critica la falta de medios en los Juzgados de Violencia de Género. ¿Le preocupa?

- Por supuesto. Siempre hemos prestado todo el apoyo que se nos ha requerido volcándonos en las propuestas, quejas y sugerencias.

- Hay lagunas en la protección de las víctimas. ¿Qué puede hacer ahí el Colegio de Abogados?

- Denunciar para conseguir que se incrementen los medios, pero es una materia muy sensible en la que, desgraciadamente, se van a producir hechos lamentables. Es fundamental la educación de los ciudadanos y muy importante la ayuda que hay que prestar a las mujeres que sufren esa violencia para salir de su situación.

- También hay problemas en la cárcel de Fontcalent.

- Faltan locutorios y el estado de los que hay no es quizás el mejor por el espacio, pero me consta que el director está haciendo esfuerzos por mejorar.

- ¿Dónde está el principal colapso en el partido judicial de Alicante?

- El que se lleva la palma es el Registro Civil. La falta de espacio es agobiante y la situación de los funcionarios es de pena.

- ¿Y en otras demarcaciones de la provincia?

- Los principales problemas están en San Vicente, Villena o Novelda. Son juzgados que no están servidos por magistrados y se producen muchos cambios. Hay que ser más imaginativos con las plantas y las jurisdicciones y ampliar las competencias de los Juzgados de Paz para descongestionar los de Primera Instancia. Además, podrían estar servidos por abogados.

- Algunos colegiados echan de menos más combatividad por parte de la Junta en temas como Extranjería.

- Hubo una época mucho más tensa y difícil. Siempre se puede mejorar, pero hoy por hoy no estamos en el peor de los marcos.

- ¿Cree que los letrados están cumpliendo las exigencias del Gobierno contra el blanqueo de capitales en una provincia donde circula tanto dinero negro?

- Son distintas esas exigencias a la de los notarios. Estamos cumpliendo escrupulosamente nuestras obligaciones. La primera y principal es guardar el secreto profesional porque, sin él, no hay derecho de defensa, y sin éste nos estamos cargando la esencia de la democracia. La Administración no puede pretender convertir a los abogados en delatores de nuestros clientes. Si uno participa de esas prácticas, ya no es un abogado, es cómplice, coautor o encubridor. Ahí se aplica el Código Penal y no hay ningún problema.

- El juzgado de lo Contencioso que conoce en exclusiva de los recursos en materia urbanística está también saturado. ¿Se están pisoteando los derechos de los ciudadanos en esta materia?

- Es indudable que los ciudadanos son cada vez más conscientes y exigentes con sus derechos y eso provoca un mayor número de procedimientos y denuncias. Los llamamientos de atención del Parlamento Europeo se refieren a la figura del agente urbanizador. Era una idea que podía ser positiva pero se hizo un uso perverso de ella y se consiguieron resultados contrarios a los que se perseguían. Se mermaron derechos de propietarios.

- Quizás sea muy pronto para preguntarlo, pero ¿piensa presentarse a la reelección dentro de cuatro años? ¿Tiene aspiraciones fuera del Colegio?

- Ya las he colmado. En cuanto a lo de otro mandato, debería predominar el criterio de no volver a presentarme, aunque ya lo dije una vez y no lo cumplí. Aún no me lo he planteado, pero hay que reconocer que el poder siempre supone una ventaja y una situación de desigualdad. Además, todo -la edad, el tiempo que llevo- apuntaría a que habría que dar paso a otros compañeros.