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 INFORME SOBRE LA JUSTICIA ESPAÑOLA
Los Juzgados de los Penal registraban a finales del 2007 casi 270.000 asuntos pendientes de ejecutar en toda España
Estrella Digital/Efe
Los datos están registrados en un informe del Servicio de Inspección del CGPJ que será analizado el jueves por la comisión permanente del órgano de judicial
Los Juzgados especializados en Ejecutorias penales y los de lo Penal ordinarios con competencias en esta materia registraban a finales del 2007 un total de 269.405 asuntos pendientes de ejecutar en toda España, según datos de la sección de Organización y Gestión del Consejo General del Poder Judicial. Así consta en un informe del Servicio de Inspección del CGPJ que será analizado el próximo jueves por la comisión permanente del órgano de Gobierno de los jueces.
Las Claves
El estudio contiene propuestas para obtener la plena normalización de los citados órganos y en éste se pide a Justicia la creación e implantación de un sistema de Oficina Judicial para los Juzgados Penales de Ejecutorias
De los asuntos pendientes de ejecutar el 70,25% corresponden a los Juzgados de lo Penal y el resto a los Juzgados Penales Especializados, que funcionan únicamente en Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, San Sebastián y Palma
Los Datos
Entre las propuestas se incluye aprobar medidas de refuerzo y que Justicia y las Comunidades Autónomas con competencias en esta materia adopten medidas para cubrir las plazas de funcionarios interinos con personal titular
El informe aboga por implantar un sistema informático que permita controlar las distintas fases procesales de las ejecutorias y propone la elaboración de un estudio de estos órganos durante este año para controlar su funcionamiento
Madrid
El estudio, firmado por el jefe del Servicio de Inspección en funciones, Javier María Calderón, contiene una serie de propuestas tendentes a obtener la plena normalización de los citados órganos y en éste se pide al Ministerio de Justicia la creación e implantación de un sistema de Oficina Judicial para los Juzgados Penales de Ejecutorias.
Entre las propuestas se incluye la aprobación de medidas de refuerzo y que Justicia y las Comunidades Autónomas con competencias en esta materia adopten medidas para cubrir las plazas de funcionarios interinos con personal titular o que se les facilite a los primeros la formación necesaria.
Además, aboga por la implantación de un sistema informático que permita controlar las distintas fases procesales de las ejecutorias y propone la elaboración de un estudio de estos órganos durante este año para controlar su funcionamiento.
De los 269.405 asuntos pendientes de ejecutar el 70,25 por ciento, 189.280 ejecutorias, corresponden a los Juzgados de lo Penal y el resto -80.125 ejecutorias- a los Juzgados Penales Especializados, que funcionan únicamente en Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, San Sebastián y Palma de Mallorca.
Según explica el estudio, la ratio media de pendencia alcanza un porcentaje de 795 ejecutorias por cada Juzgado de lo Penal ordinario y de 5.723 ejecutorias por cada órgano especializado.
En España existen 323 Juzgados de lo Penal, de los que 14 son de lo Penal de Ejecutorias, 237 Juzgados de lo Penal que conservan sus competencias sobre sus sentencias y 72 Juzgados de lo Penal que remiten sus ejecutorias a órganos especializados; mientras que los Juzgados Penales de Ejecutorias representan el 5,90 por ciento de la planta jurisdiccional total.
Una pendencia muy variable
En aquellas Comunidades Autónomas donde no existen órganos especializados en Ejecutorias los Juzgados de lo Penal soportan una pendencia muy variable.
Así, en Cantabria (4 Juzgados) sufren una pendencia media de 1.273 ejecutorias, seguidos de cerca por Navarra (3 órganos) con 1.159 ejecutorias y de Murcia (8 órganos), con 1.140 expedientes.
Por el contrario, Castilla y León (16 órganos) con 368 ejecutorias y Extremadura (7 órganos) con 428 ejecutorias se sitúan entre las Comunidades con menos pendencia.
Respecto a las Comunidades con Juzgados especializados en Ejecutorias el estudio concluye que el de las Islas Baleares soporta la mayor pendencia existente (8.041 ejecutorias), seguidos de los cuatro de Madrid (con una media de 6.864 ejecutorias), los cuatro de Cataluña (con una media de 5.624) y los tres de la Comunidad Valenciana (media de 5.309 ejecutorias).
Los Juzgados del País Vasco (el número 7 de Bilbao y el número 4 de Donostia-San Sebastián) se sitúan con una media de 3.100 ejecutorias.
"Excesiva" carga de trabajo
El estudio concluye que la carga de trabajo que soportan los Juzgados Penales de Ejecutorias durante el trienio 2005-2007 "excede ampliamente" el módulo previsto para este tipo de órganos (2.655 expedientes).
"Determinadas circunstancias (elevadísima movilidad funcionarial, lo que ha determinado que entre el 10 al 90 por ciento de la plantilla esté cubierta por personal interino; falta de experiencia del personal; cierta descoordinación entre el personal titular a la hora de desarrollar su actividad) han impedido la obtención de una optimización en el desarrollo de la actividad", añade.
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El Poder Judicial Propone Una Batería De Medidas
La Inspección destapa el colapso en los juzgados que ejecutan las sentencias
El Poder Judicial propone una batería de medidas para acabar con la sobrecarga
J. A. HERNÁNDEZ / M. ALTOZANO - Madrid - 07/05/2008
Los inspectores del Consejo General del Poder Judicial han realizado un informe en el que certifican el caos que reina en gran parte de los juzgados penales españoles. La situación es "preocupante" por la sobrecarga de trabajo que soportan. A finales de 2007, tenían 269.405 ejecuciones de sentencias en trámite en toda España. No quiere esto decir que esas sentencias estén paradas, pero sí que están vivas, que el reo aún no ha purgado su pena y que, por tanto, requieren una atención especial de los jueces. Entre otras cosas, para evitar casos como el de Mari Luz, la niña de Huelva asesinada por un pederasta condenado que debía estar preso y que seguía libre por la descoordinación en uno de estos juzgados.
El atasco en datos
Medidas para poner coto al exceso de tareas
Refuerzos para el juez López-Palop
¿Cuál de estas medidas crees que ayudaría a acabar con la sobrecarga de sentencias?
ENCUESTA - 123 - Resultados
Aumentar el número de jueces de apoyo
Aumentar el número de secretarios
Contar con programas informáticos adecuados
Ninguna de ellas
Otras
Informe de Inspección del CGPJ
DOCUMENTO (PDF - 3,4Mb) - 06-05-2008
El Juzgado de Ejecutorias de Baleares, el más saturado de España
El informe, que se centra en los juzgados especializados en ejecutorias (los que sólo se dedican a hacer efectivas las sentencias y que existen en las principales ciudades), reproduce en gran parte otro sobre el mismo tema elaborado en 2005, cuando el Consejo adoptó medidas de apoyo (más jueces y funcionarios) para muchos de ellos. Tales medidas, aunque han frenado el atasco y en algunos casos lo han mitigado, se han revelado insuficientes.
La denuncia del juez de Madrid Eduardo López-Palop -del Juzgado de lo Penal 2 de Madrid, especializado en ejecutorias- sobre la gigantesca carga de trabajo de su juzgado (7.000 expedientes sin ejecutar, la mayoría de violencia machista) llevó al propio presidente del Consejo, Francisco Hernando, a ordenar la elaboración de este nuevo informe. El documento confirma la gravedad de la situación. Considera que un juzgado penal especializado (que sólo ejecuta sentencias) no debe tramitar más de 2.655 expedientes, pero el juzgado de ejecutorias de Baleares tenía a finales de 2007 algo más de 8.000 sentencias en trámite; los de Madrid, 6.864; los de Valencia, 5.309, y los de Cataluña, 5.624. Sólo los del País Vasco están por debajo de la media, 3.100.
El informe se ha hecho sobre los juzgados penales en general, aquéllos que se encargan de juzgar los delitos que llevan aparejadas penas iguales o inferiores a cinco años. En la mayoría de las comunidades, el mismo juez de lo penal que celebra el juicio y redacta la sentencia se ocupa luego de ejecutarla. Sin embargo, en Madrid, Palma, Valencia o Barcelona, hay juzgados de ámbito provincial que se ocupan exclusivamente de ejecutar las sentencias que les remiten el resto de juzgados de lo penal. Por ejemplo, en Madrid hay 23 juzgados de lo penal y cinco especializados en ejecutorias cuya única misión es ejecutar las sentencias de los primeros. La situación de los juzgados de lo penal no especializados (los que juzgan y ejecutan sus propias sentencias, como el del caso Mari Luz) también soportan una gran sobrecarga. El informe señala que la sobrecarga actual "está muy lejana de lo que se consideran los parámetros normales". Por ello, los inspectores del Gobierno de los jueces proponen de nuevo (ya lo hicieron en 2005) toda una batería de medidas y refuerzos.
Mañana, jueves, se reúne la Comisión Permanente del Poder Judicial, que analizará este informe y, previsiblemente, ratificará las propuestas de los inspectores (más jueces de apoyo, más secretarios, programas informáticos adecuados...). Una vez ratificadas, elevará tales propuestas al Ministerio de Justicia y a las Comunidades que tienen transferidas las competencias en materia de justicia para que libren dinero y las pongan en marcha.
El estudio matiza que, de los 269.405 asuntos pendientes de ejecutar en España a fines de 2007, el 70,25% (189.280 ejecutorias) corresponden a los Juzgados de lo Penal y el resto (80.125 ejecutorias) a los especializados. Los juzgados de lo penal no son los únicos que ejecutan sentencias. En los casos que conllevan penas superiores a cinco años de cárcel son las secciones penales de las Audiencias Provinciales las encargadas de ejecutar sus sentencias. Los juzgados de Instrucción y los de Violencia sobre la mujer también ejecutan las resoluciones de los juicios de faltas que celebran. Entre todos tenían 403.000 ejecuciones en trámite en 2007.
El atasco en datos
- Madrid. Los cinco juzgados de ejecutorias de la capital de España recibieron en 2007 un 21% más de los asuntos que, según el Consejo General del Poder Juidicial les correspondían (2.655). - Barcelona. La sobrecarga de asuntos ingresados durante el pasado año alcanzó, según el informe, el 52,24% en los juzgados especializados. - Valencia. Los órganos de Valencia presentan los peores datos al duplicar prácticamente el número de asuntos que deberían tramitar (99,62%). - Bilbao. El atasco durante 2007 se acercó al de Valencia superando la cifra recomendada de asuntos ingresados en un 80%.
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Se Movilizan Para Exigir Salidas Al Colapso En Los Juzgados
TRIBUNALES
Los secretarios se movilizan para exigir salidas al colapso en los juzgados penales
Los representantes de las catorce salas de la provincia fuerzan la convocatoria de una junta extraordinaria para exigir soluciones a Justicia
JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ L
os secretarios judiciales de los Juzgados de lo Penal de toda la provincia han forzado la convocatoria de una junta extraordinaria para exigir medidas contra el colapso que sufren. Se trata de una medida que ya adoptaron los jueces de lo Penal de Valencia a raíz de los problemas en la Justicia que el caso de la niña Mari Luz Cortés ha sacado a la luz en todos los juzgados de España. La convocatoria ha sido forzada por los secretarios judiciales, ya que el coordinador, Manuel Cerdán, no había celebrado ninguna reunión de este colectivo. Los propios jueces de lo Penal de la provincia habían barajado la posibilidad de celebrar su propia junta, pero esta iniciativa no cuajó. Fuentes judiciales señalaron que la oferta de la Conselleria de Justicia de poner un turno de tarde, en la que los funcionarios cobrarán horas extras, frenó esta última convocatoria.
Sin embargo, los secretarios judiciales quieren debatir la situación en la que se encuentran las catorce salas penales de la provincia, que se nutren de los asuntos que les envían hasta 64 juzgados de instrucción. Fuentes judiciales señalaron que se están preparando diversas propuestas para exigir soluciones al colapso existente. Hacen falta juzgados, pero también hace falta personal para dar salida a los asuntos pendientes y las bajas no se cubren. Éstas son algunas de las carencias denunciadas. Cada juzgado de la ciudad Alicante tiene una media de 895 sentencias pendientes de ejecutar, cifra que en Orihuela es de 1.772, en Elche de 1.322 y en Benidorm 1.799, según reflejaba la última memoria del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Los secretarios ya avisaron que estos juzgados acumulaban el doble de resoluciones que la sala penal de Sevilla, que registró el error que desembocó en el caso de la niña Mari Luz.
Retrasos de hasta dos años para los señalamientos
Los juzgados de lo Penal están haciendo los señalamientos con hasta dos años de retraso. Las salas dan prioridad a los juicios con preso y a las de malos tratos, mientras el resto de los asuntos intentan buscar un hueco en la agenda. En Alicante se está señalando para dentro de 20 meses, mientras que en Orihuela llegan a los dos años y en Benidorm un año. Elche ha logrado reducir la espera a 5 meses al desviar asuntos a la Vega Baja.
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Los Jueces Se Suman A Las Protestas
LOS PROBLEMAS DE LA JUSTICIA
Los jueces se suman a las protestas para exigir salidas al colapso en las salas penales
La junta de secretarios aprueba un documento
con veinte peticiones entre las que figuran faxes, muebles y más salas
Los secretarios judiciales ayer saliendo de la junta tras una reunión de tres horas
ANTONIO AMOR
JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ L
os jueces de lo Penal se sumaron ayer a los secretarios judiciales al convocar su propia junta para exigir medidas al colapso de las salas penales, según confirmaron ayer fuentes judiciales. La junta se ha convocado para el miércoles de la próxima semana y se prevé no sólo asistencia de los jueces de Benalúa, sino de otros puntos de la provincia y hasta de la Audiencia Provincial. Por su parte, los secretarios judiciales de las salas penales celebraron ayer una asamblea de más de tres horas en la que se aprobó por unanimidad un documento que plantea al Gobierno central y a la Generalitat un total de veinte medidas necesarias para solucionar el problema de la Justicia. Las medidas van desde crear más órganos judiciales a que se cubran las bajas, poner faxes individuales en los juzgados que los tienen compartidos, así como muebles nuevos y modernizar los obsoletos sistemas y programas informáticos.
La junta de jueces se ha convocado para el próximo miércoles en los juzgados de Benalúa. El orden del día es proponer medidas al colapso de los juzgados para ejecutar las sentencias penales. Los jueces de Valencia ya celebraron una hace dos semanas y los de Alicante ya barajaron realizar la suya pero la idea no cuajó. Tras la celebración de la junta de secretarios de ayer, los magistrados decidieron llevar a cabo una por su cuenta. La situación de los juzgados en España ha quedado al descubierto tras la muerte de la niña Maria Luz Cortés, en la que el acusado estaba en libertad pese a tener una condena por abusos a menores. El mensaje es que el colapso judicial hace que el error detectado puede ocurrir en cualquier otro sitio. Los secretarios judiciales advirtieron ayer de que la carga de trabajo en los juzgados penales excede lo razonable, por lo que piden a todas las administraciones soluciones para afrontar los problemas. La junta se celebró con la asistencia de once de los catorce secretarios de los juzgados penales. Éstos advierten de que mientras para hacer frente al aumento de la criminalidad se han creado nuevos juzgados de instrucción, se ha mantenido igual el número de salas penales. La implantación de los juicios rápidos y los nuevos delitos por las imprudencias de tráfico han aumentado también el control de las ejecutorias.
Las propuestas planteadas por el colectivo afectan tanto al Ministerio de Justicia como a la Conselleria y abarcan carencias de todo tipo. Entre ellas está la de crear diez juzgados penales para toda la provincia, que es lo que se necesitaría para ajustarse a los módulos de cargas de trabajo recomendadas por el Consejo General del Poder Judicial. El reparto sería de cinco para Alicante, dos para Benidorm, dos para Orihuela y uno en Elche.
Asimismo, según sus propuestas, es necesario aumentar en cuatro la plantilla de funcionarios en cada juzgado. Los secretarios se quejan también de que las plantillas no son estables y hay muchas plazas ocupadas por funcionarios interinos. Las sustituciones se hacen tarde y mal, y muchas veces el personal viene poco preparado, por lo que se piden cursos de formación.
El sistema informático se lleva otra buena parte de las quejas. El sistema operativo Cicerone, con el que funcionan los juzgados, no ha tenido ni una sola actualización desde que se empezó a aplicar hace cuatro años. Esto provoca lentitud de los ordenadores, así como criterios de consulta que no tienen ningún interés en el juzgado. No hay continuidad en las bases de datos que tienen los juzgados de instrucción y los penales, lo que obliga a introducir los datos dos veces. Tampoco se pueden hacer consultas de las causas con presos preventivos, ni de maltratadores, ni de los condenados extranjeros. Los accesos a los registros centrales de penados y rebeldes y de malos tratos se hacen por separado, y a veces hay que efectuar una doble inscripción de datos. A veces estos registros se actualizan muy tarde. También se suman a la petición de un registro informático central para órdenes de busca y captura y un sistema de alertas como reclama el Poder Judicial.
Los medios materiales centran buena parte del capítulo de reivindicaciones. Hay faxes compartidos entre juzgados, fotocopiadoras que se averían y armarios sin bisagras para las que no existen recambios.
Aplazado a diciembre el segundo Registro
El colapso judicial en Benidorm y Orihuela ha aplazado a diciembre la creación del segundo Registro Civil de Alicante. El Gobierno anunció ayer la creación de tres nuevos juzgados para la Comunidad Valenciana en junio. De ellos, dos irán a la provincia de Alicante a las zonas donde más problemas se han dado en las ejecutorias penales: Benidorm y Orihuela. El tercer juzgado previsto irá a la provincia de Valencia. La medida supone aplazar la creación del segundo Registro Civil de Alicante, que estaba anunciado para este mes. Los problemas aparecidos en la jurisdicción penal han hecho que se haya dado prioridad a estos otros dos juzgados. El nuevo juzgado de lo Penal de Benidorm no irá a Dénia, tal y como se había previsto, ante el temor de que éste acabe sobrecargado por tener que asumir en solitario todos los asuntos penales que se generen en la Marina Alta. En el colectivo judicial de Benidorm hay temor de que ante esta medida el Poder Judicial acabe rechazando aprobar los apoyos que ya estaban previstos para uno de los dos juzgados que tiene el municipio.
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