Luz verde definitiva del Ayuntamiento a la Ciudad de la Justicia
Urbanismo aprueba el lunes el proyecto modificado después de que no haya habido alegaciones durante el periodo de exposición pública

11.04.08 - J. F. PICÓ Diario La Verdad

POR FIN. Terrenos donde se construirá la Ciudad de la Justicia de Alicante, ocupados por un aparcamiento, ya cerrado. / DANI MADRIGALEmplear el término definitivo en el expediente de la Ciudad de la Justicia es muy arriesgado. No obstante, así consta en la propuesta de acuerdo firmada por la concejal Sonia Castedo, que será debatida en la próxima Comisión Permanente de Urbanismo, convocada para el próximo lunes. En concreto, se propone para la Modificación puntual número dos del Plan de Reforma Interior Ciudad de la Justicia. Aprobación definitiva, según consta en el orden del día conocido ayer.

La Junta de Gobierno Local dio el visto bueno el pasado 11 de febrero al acuerdo inicial de este expediente, con el que se pretende poner fin a un cúmulo de retrasos en la tramitación de este proyecto. Cuatro días después el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana publicaba el acuerdo. Se sometía a exposición pública durante un mes, después del cual la Gerencia de Urbanismo ha comprobado que no se han presentado alegaciones.

Este plan de reforma interior permitirá a la Conselleria de Justicia disponer de una parcela para configurar la Ciudad de la Justicia, con la construcción de una serie de dependencias, principalmente la nueva Audiencia Provincial. Además, esta edificación permitirá al Consistorio disfrutar del inmueble que ahora ocupa este órgano judicial, en la plaza del Ayuntamiento.

El acuerdo, que el lunes será definitivo y que será ratificado en el próximo Pleno municipal, tiene por objeto la calificación de la única parcela resultante de uso residencial para la construcción de viviendas de protección pública. Además, se somete todo el ámbito del plan de reforma al régimen de gestión de actuaciones aisladas. Este procedimiento permite agilizar la ejecución del planeamiento y, en definitiva, que las obras comiencen antes.

Cruce de acusaciones

Durante los últimos meses, representantes del Ayuntamiento y de la Conselleria de Justicia han cruzado declaraciones sobre la responsabilidad del retraso en la puesta a disposición del suelo para el desarrollo de las instalaciones judiciales. Al margen de la demora en la tramitación municipal, Justicia también introdujo modificaciones sustanciales en el diseño de sus futuras dependencias, lo que obligó a retrasar el proceso administrativo en la Gerencia Municipal de Urbanismo.

A principios de febrero, la concejal Sonia Castedo aseguró que en un par de meses podría realizarse la cesión del suelo a la Conselleria. En los terrenos que ahora ocupa un aparcamiento, que ya está siendo desmantelado, se construirán, además, diez viviendas de protección pública y la ampliación del Colegio Juan Carlos Aguilera, en Alipark, tras una permuta con el Ministerio de Defensa, que tiene suelo en el plan de reforma interior.
  

Por fin los trabajos de "Resurge Alicante ante los Ministerios Competentes empiezan a dar su fruto en este tema.-
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R. B. - Alicante - 15/04/2008 Diario El País

Casi una década después de que el Ayuntamiento de Alicante acordara en pleno ceder unos terrenos y pasados seis años desde que se presentara el proyecto inicial, la Ciudad de la Justicia de Alicante que se levantará en el barrio de Benalúa parece finalmente encarrilada. La comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante aprobó ayer, con el voto de los socialistas, una modificación puntual del Plan de Reforma Interior Ciudad de la Justicia que permite acometer la urbanización del futuro recinto judicial al margen de las parcelas aledañas incluidas dentro del mismo plan y dedicadas a otros usos, como es la construcción de viviendas de VPO. Con esta modificación se salva el último escollo de este proyecto que pasará por pleno el próximo viernes. Tras este trámite, el Ayuntamiento de Alicante procederá a la cesión de los terrenos a la Generalitat.

La Ciudad de la Justicia estará ubicada en el antiguo solar del cuartel de Benalúa, al lado de los juzgados. A mediados del año pasado, el Consell aseguró que las obras estaban presupuestadas inicialmente en 37 millones de euros y aseguró que podrían comenzar a mediados de 2008.

La concejal socialista Loles Fernández, responsable del área de urbanismo, explicó que han votado a favor para "no retrasar aún más" un proyecto que se planteó en un pleno el 30 de marzo de 1999. Fernández, por otro lado, lamentó que la decisión votada ayer en la Comisión de Urbanismo (permitir la urbanización de la Ciudad de la Justicia al margen del resto de las parcelas incluidas en el plan) no se hubiera tomado antes para ahorrar "años de especulaciones".
  

TRIBUNALES DE LA PROVINCIA DE Alicante
Diario Información 25/03/08

Los juzgados dejan 5.000 pleitos civiles sin resolver al año

Las lagunas de la Ley de Enjuiciamiento Civil provocan centenares de suspensiones de juicios que retrasan los procedimientos

JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ L
os juzgados de la provincia de Alicante están dejando un promedio de 5.000 asuntos sin resolver al año, según las estadísticas del Tribunal Superior de Justicia. La cifra no sólo se debe a un aumento de las demandas por impago, sino también a los retrasos que sufren los procedimientos por cuestiones procesales que son meramente de trámite. Según fuentes judiciales, se trata de cuestiones menores sobre las que no se ha cerrado un criterio definitivo en la Ley de Enjuiciamiento Civil que lleva ya más de siete años de funcionamiento y que provocan retrasos en la resolución de los pleitos. Abogados y procuradores temen que el aumento de demandas por reclamaciones de deudas que se están produciendo por la situación de crisis económica puedan acabar colapsando estos juzgados. Por este motivo, en la Audiencia Provincial se ha programado un Congreso de jueces especializados en civil para resolver las principales lagunas que sigue generando la ley.
Los juzgados de la provincia registraron 35.576 asuntos civiles en el año 2006 y dejaron 4.951 sin resolver. Fuentes judiciales explicaron que estas cifras no se deben sólo al aumento del número de asuntos, sino al retraso acumulado que tienen numerosos juzgados por suspensiones de vistas. En numerosas ocasiones, cuando el asunto llega a juicio, los profesionales se dan cuenta que el procedimiento elegido no es acorde con el que se debería haber usado e incluso surgen dudas sobre cuál debe ser el juzgado competente para juzgar los hechos. "Son cuestiones menores pero que obligan a suspender la vista y a colapsar más la agenda de estos juzgados", explica Magro. Para ello se ha organizado un congreso en Altea en el que participarán 120 juristas entre el 16 y el 18 de abril.
La inquietud ante la crisis económica es la que ha motivado que el colegio de procuradores haya pedido medidas a los jueces de la provincia para agilizar estos procedimientos. Un abogado que trabaja en procedimientos civiles en la zona de la Marina Baixa reconocía que cada vez que va a juicio hay un sesenta por ciento de posibilidades de que éste se acabe suspendiendo. Asimismo también preocupa la gran disparidad de criterios entre los juzgados de Primera Instancia, ya que para cuestiones idénticas la sentencia puede ser totalmente distinta en función de en qué juzgado recaiga. Si estas situaciones ya suponen complicaciones para los profesionales, hay temor con lo que pueda pasar ante las incertidumbres de la situación económica. Los juzgados han registrado en los últimos meses centenares de asuntos de reclamaciones por pequeñas cantidades de deudas.
El presidente de la Audiencia admitió que tras siete años de funcionamiento de la ley aún quedaba pendiente una reforma que rellenara alguna de las lagunas que dejaba, pero esa reforma no ha llegado y no hay respuestas claras. "El objetivo es analizar los treinta o cuarenta asuntos que más controversia causan y unificar criterios. Si se establecen criterios claros, no será necesario suspender porque estas dudas podrán resolverse en el momento antes de la vista", explicó Magro.
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TRIBUNALES

Los juzgados alertan de su alta cifra de sentencias pendientes de ejecutar

Alicante, Elche, Benidorm y Orihuela acumulan el doble de resoluciones por resolver que el Penal de Sevilla que registró el primer error judicial del caso Mari Luz

Diario Información 28/04/2008
J. A. GIMÉNEZ L
os fallos judiciales que recientemente desembocaron en el asesinato de la niña Mari Luz Cortés han metido el miedo en el cuerpo a los trabajadores de los juzgados alicantinos. Y es que si un caso así se produjo en Sevilla "perfectamente puede pasar aquí. Si estas cosas no ocurren más es porque Dios no quiere", afirma un funcionario de un juzgado de lo Penal de Alicante. Cansados de reclamar hasta la saciedad que desde la Conselleria de Justicia, que tiene transferidas las competencias en esta materia, se les dote de los medios técnicos y humanos necesarios para poder afrontar con garantías la carga de trabajo que genera esta provincia, sin obtener una rápida respuesta en la mayoría de los casos, hay quienes ya están redactando informes sobre la situación de colapso y de retraso en sus juzgados "para que, llegado un caso similar, no se nos cargue a nosotros sin más la responsabilidad". Cabe recordar que en el caso de la niña asesinada el juez a quien correspondía ejecutar la sentencia se defendió culpando a una funcionaria que, según el magistrado, había estado cinco meses de baja. En los juzgados alicantinos las bajas tardan meses en cubrirse, pese a la insistencia en reclamarlas a la Conselleria, y no siempre se acaba materializando la sustitución. Mientras tanto, el trabajo que cada empleado vacante realizaba queda pendiente o es arrastrado por el resto de empleados hasta que se produce la incorporación de uno nuevo. Para más inri, el nuevo funcionario suele carecer de los conocimientos necesarios para desarrollar sus funciones y transcurre bastante tiempo hasta que se pone al día, según indicaron a este diario fuentes de los juzgados de Benalúa.

Comparativa
En este sentido, haciéndose eco de la inquietud reinante entre los funcionarios y el personal judicial, la sección sindical de Justicia de CC OO en Alicante ha elaborado, a partir de las estadísticas del Consejo General de Poder Judicial (CGPJ), una comparativa entre los datos de 2006 referidos al Penal número 1 de Sevilla, en el que tuvo lugar la primera deficiencia del caso Mari Luz, y los de la media de los principales partidos judiciales de la provincia de Alicante. El resultado es ciertamente preocupante, ya que en todos los casos las cifras provinciales superan, con mucho, las que presenta el juzgado sevillano que ha estado en el punto de mira nacional por el caso Mari Luz. Las cifras relativas a 2007, que se presentarán el próximo verano, "son de lejos todavía más grande", indican desde CC OO.
"El elevado número de asuntos que reciben los juzgados, que según el CGPJ no deben sobrepasar los 450, provoca que, año tras año, se vayan acumulando asuntos sentenciados que están cumpliendo pena o pendientes de algún trámite para ello", apunta el sindicato.
Su informe destaca que "sólo los juzgados número 1 de Benidorm y Orihuela acumulan más de 2.000 ejecutorias cada uno de ellos", tras lo que apunta que "con ese volumen de papel no debe resultar extraño que las causas y las personas afectadas queden descontroladas".
Con tal cantidad de asuntos criminales, añade CC OO, es necesario crear cinco nuevos juzgados en Alicante y dos en Benidorm "además de medidas imperiosas para tramitar y poner al día los asuntos pendientes".
"Sólo cuando las desgracias que ocurren tienen repercusión mediática se buscan responsables, pero ¿cuándo se buscarán soluciones", se preguntan los autores del citado informe.